Una comisión especial conformada por representantes de
autoridades civiles y policiales se instaló en el distrito de Chala (Caravelí),
para fiscalizar 33 plantas que procesan el oro proveniente de la sierra de
Caravelí y Ayacucho y que en su mayoría de casos es explotado de manera
informal. La inspección apunta a evitar una posible evasión de impuestos e
indagar si continúan procesando mineral
ilegal.
La llegada de la comisión ha creado preocupación en los mineros
de esta provincia, muchos de ellos dueños de estas plantas. A pesar que algunos entraron en el proceso de
formalización temen la incautación de su maquinaria.
Los distritos de Chala,
Cháparra y Atico, ubicados en la provincia de Caravelí, son los que más minería
informal albergan en la región.
El subgerente del Arma, Dante Pinto, afirmó que en la región
se tiene cerca de 60 mil mineros agrupados en 16 mil 800 asociaciones. Todos
ellos buscan formalizarse. Agregó que existe otro número desconocido de mineros
ilegales que no quieren la formalización.
La jefa de Fiscalización del Arma, Gladys Márquez, indicó
que el tema de la formalización de la minería artesanal en la región es muy
complejo. Sostuvo que los mineros tienen trabas para lograr ser legales. De los
16 mil 800 que firmaron su declaración de formalizarse, solo el 5% presentó sus
contratos con los titulares de las concesiones donde trabajan, el restante no
logra llegar a un acuerdo con los propietarios de los terrenos.
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